Chupopteros de la politica y de los sindicatos y los de la la memoria del abuelo de Zapatero . mientras los ciudadanos se aprietan el cinturon, ¿Tu que opinas?
Chupopteros de la politica y los sindicatos. mientras los ciudadanos se aprietan el cinturon, ¿Tu que opinas?
Temas para la tertulia
1º) La desorbitada cifra de funcionarios "estrangula" a los contribuyentes
En plena crisis y con una imparable sangría de parados, más de tres millones de nóminas salen ya de los bolsillos de los españoles. Los gobiernos regionales se llevan la palma
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Los sindicatos reciben del Gobierno de Zapatero cifras astronómicas por su labor con los trabajadores y por participar en los órganos consultivos de la Administración.
En plena crisis y con una imparable sangría de parados, más de tres millones de nóminas salen ya de los bolsillos de los españoles. Los gobiernos regionales se llevan la palma Si se hiciera una encuesta entre los jóvenes españoles que esperan acceder a su primer trabajo sobre sus preferencias, muy probablemente la palabra funcionario aparecería en primer lugar: un puesto asegurado de por vida, un sueldo digno y, por lo general, mejores horarios que en el sector privado. No suena nada mal.
En medio de una voraz crisis económica que ha elevado el número de parados hasta cotas desastrosas (3.207.900 personas en la actualidad), los españoles miran de reojo al sector público, que no deja de engrosar sus filas. A costa de los bolsillos de los sufridos contribuyentes.
Por primera vez España ha superado la barrera psicológica de los tres millones de funcionarios. Actualmente 3.029.500 españoles trabajan para la Administración, ya sea el Gobierno central, los de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos insulares, las universidades públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Justicia o las empresas públicas, como lo es la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Son cifras recogidas en la última Encuesta de Población Activa (EPA) y referidas al último trimestre de 2008. Aunque los sindicatos no están muy de acuerdo con ellas: CCOO y UGT sostienen que están "sobredimensionadas" y que el número real es el que ofrece el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El último, fechado en julio del año pasado, reduce esa cifra hasta los 2.594.664 funcionarios. Sin embargo, las estadísticas comparativas que elabora la Unión Europea se basan en la EPA, y poner en entredicho la cifra de funcionarios que arroja supondría dudar también de la de parados, por ejemplo.
Sea como fuere, el caso es que en España de cada cinco trabajadores asalariados (es decir, que trabajan por cuenta ajena), uno cobra su nómina de las arcas públicas, las que a su vez alimentan todos los españoles. Y los funcionarios ya representan más del 15% de la población ocupada española. Ante tales cifras, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido aflojar el grifo. Para este 2009, su Ejecutivo ha reducido la oferta pública un 70%: tiene previsto sacar 10.770. Claro que partía de unos antecedentes astronómicos: en 2008 Zapatero batió todos los récords al crear 35.895 nuevas plazas de funcionario en sólo un año, lo nunca visto.
Pero el problema es que, aunque el Ejecutivo central haga propósito de enmienda, en el resto de administraciones públicas las cifras no paran de crecer como la espuma. Especialmente en los gobiernos autonómicos, para los que trabajan más del 55% de los empleados públicos. En Extremadura -que lidera el ranking-, el 32,5% de los asalariados son funcionarios. Por contra, las comunidades más ricas son las que tienen los menores porcentajes: Cataluña y la Comunidad Valenciana cierran la lista.
Como se dice vulgarmente, nadie quiere ponerle el cascabel al gato, porque hablar de recorte drástico del número de funcionarios puede suponer un coste político. Pero aun así hay a quien no le tiembla la voz para hacerlo. Hace un par de semanas, durante el Foro Madrid, Esperanza Aguirre se preguntaba si, en los tiempos que corren España puede sostener "20 grandes administraciones (entre el Estado y las Comunidades autónomas) con extensas burocracias y con ejércitos de funcionarios para administrar competencias que están duplicadas".
Y es que en España, la segunda partida más cuantiosa del gasto público (por detrás del social, como pensiones y prestaciones por desempleo), está destinada a pagar las nóminas de los funcionarios. Mientras que la media de la Unión Europea (según Eurostat) es del 22,8%, en España representa el 26%. Y, según las estimaciones publicadas hace unos días por El Mundo, los empleados públicos les costarán este año a los contribuyentes nada menos que 108.000 millones de euros, 2.400 euros a cada habitante.
En medio de una voraz crisis económica que ha elevado el número de parados hasta cotas desastrosas (3.207.900 personas en la actualidad), los españoles miran de reojo al sector público, que no deja de engrosar sus filas. A costa de los bolsillos de los sufridos contribuyentes.
Por primera vez España ha superado la barrera psicológica de los tres millones de funcionarios. Actualmente 3.029.500 españoles trabajan para la Administración, ya sea el Gobierno central, los de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos insulares, las universidades públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Justicia o las empresas públicas, como lo es la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Son cifras recogidas en la última Encuesta de Población Activa (EPA) y referidas al último trimestre de 2008. Aunque los sindicatos no están muy de acuerdo con ellas: CCOO y UGT sostienen que están "sobredimensionadas" y que el número real es el que ofrece el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El último, fechado en julio del año pasado, reduce esa cifra hasta los 2.594.664 funcionarios. Sin embargo, las estadísticas comparativas que elabora la Unión Europea se basan en la EPA, y poner en entredicho la cifra de funcionarios que arroja supondría dudar también de la de parados, por ejemplo.
Sea como fuere, el caso es que en España de cada cinco trabajadores asalariados (es decir, que trabajan por cuenta ajena), uno cobra su nómina de las arcas públicas, las que a su vez alimentan todos los españoles. Y los funcionarios ya representan más del 15% de la población ocupada española. Ante tales cifras, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido aflojar el grifo. Para este 2009, su Ejecutivo ha reducido la oferta pública un 70%: tiene previsto sacar 10.770. Claro que partía de unos antecedentes astronómicos: en 2008 Zapatero batió todos los récords al crear 35.895 nuevas plazas de funcionario en sólo un año, lo nunca visto.
Pero el problema es que, aunque el Ejecutivo central haga propósito de enmienda, en el resto de administraciones públicas las cifras no paran de crecer como la espuma. Especialmente en los gobiernos autonómicos, para los que trabajan más del 55% de los empleados públicos. En Extremadura -que lidera el ranking-, el 32,5% de los asalariados son funcionarios. Por contra, las comunidades más ricas son las que tienen los menores porcentajes: Cataluña y la Comunidad Valenciana cierran la lista.
Como se dice vulgarmente, nadie quiere ponerle el cascabel al gato, porque hablar de recorte drástico del número de funcionarios puede suponer un coste político. Pero aun así hay a quien no le tiembla la voz para hacerlo. Hace un par de semanas, durante el Foro Madrid, Esperanza Aguirre se preguntaba si, en los tiempos que corren España puede sostener "20 grandes administraciones (entre el Estado y las Comunidades autónomas) con extensas burocracias y con ejércitos de funcionarios para administrar competencias que están duplicadas".
Y es que en España, la segunda partida más cuantiosa del gasto público (por detrás del social, como pensiones y prestaciones por desempleo), está destinada a pagar las nóminas de los funcionarios. Mientras que la media de la Unión Europea (según Eurostat) es del 22,8%, en España representa el 26%. Y, según las estimaciones publicadas hace unos días por El Mundo, los empleados públicos les costarán este año a los contribuyentes nada menos que 108.000 millones de euros, 2.400 euros a cada habitante.
2ª)
| PELLIZCOS ASTRONÓMICOS DE FONDOS |
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| Elsemanaldigital.com |
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| Con las nada despreciables subvenciones que les paga cada año el Gobierno con el dinero de los contribuyentes se podría alimentar a miles de familias y borrar del paro a muchos españoles. |
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| 3 de febrero de 2009 |  |  |  |  |
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¿Qué se podría hacer con 50,6 millones de euros, que vienen a ser unos 8.420 millones de las antiguas pesetas? Se podría alimentar a casi 16.300 familias españolas durante un año (según las últimas cifras de la OCU, que estima que cada hogar se gasta anualmente más de 3.100 euros en llenar el frigorífico); se podrían comprar más de 2.400 coches (atendiendo a los datos de Faconauto, que cifran en 20.517 euros el precio medio de un vehículo nuevo); casi 390 familias podrían quitarse de un plumazo la eterna losa de la hipoteca (la hipoteca media, según el INE, se sitúa en 132.103 euros a 25 años); se podría dar trabajo a más de 2.700 mileuristas durante un año (contando con que a la empresa le ocasione un coste real de unos 1.321 euros al mes y que tenga 14 pagas anuales); y daría para pagarles la pensión a más de 4.800 jubilados durante un año (la pensión media en España, con 14 pagas, se sitúa en 747,25 euros al mes, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración).
Esos 50,6 millones de euros fue la nada despreciable suma que se embolsaron el año pasado en concepto de subvenciones los partidos políticos, las fundaciones que dependen de ellos, los sindicatos y la patronal CEOE. Cortesía de las arcas públicas del Estado, administradas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según las cifras hechas públicas por el Gobierno y recopiladas por El Semanal Digital, en 2008 las formaciones políticas con representación en el Congreso recibieron del Ministerio del Interior subvenciones por valor de 20,5 millones de euros. Destinados tanto para atender a sus gastos de "funcionamiento ordinario" (19,5 millones) como para sufragar sus gastos de seguridad (otro millón).
Sumando las subvenciones recibidas por el PSOE y el PSC (que se contabilizan por separado), los socialistas lideran este ranking, con más de 9,5 millones de euros recibidos. No en vano son el partido con mayor representación parlamentaria. Les sigue a cierta distancia el Partido Popular lidera este ranking, con casi 8,6 millones.
Los sindicatos no van a la zaga de los partidos políticos. Ellos reciben del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y por partida doble. Por una parte, en proporción a su representatividad en la sociedad y en las empresas. Por este concepto los sindicatos más variopintos de España se llevaron el año pasado 15,8 millones de euros. De ellos, más de 12,4 millones fueron a parar a manos de Comisiones Obreras y UGT, los dos más poderosos y los que están actuando de retén para evitar una huelga general contra Zapatero.
Pero es que además los sindicatos reciben un dinero extra si forman parte de los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Por este segundo concepto se llevaron 4,6 millones de euros. Casi la mitad se quedó en la hucha de la CEOE, la gran patronal española y la única que recibe una subvención por este concepto (lo demás son sindicatos).
Las fundaciones que operan al amparo de los partidos políticos que están representados en las Cortes tampoco les salen precisamente baratas a los bolsillos de los españoles. Es el caso de la FAES de José María Aznar y del PP; la Fundación Sabino Arana del PNV; las fundaciones Jaime Vera, Rafael Campalans y Ramón Rubial-Españoles en el Mundo del PSOE; o la Josep Irla de ERC. Éstas y otras recibieron el año pasado del Gobierno 9,7 millones de euros en concepto de subvenciones.
Se las concedieron tres ministerios: el de Asuntos Exteriores y Cooperación, para que promovieran actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático; el de Cultura, para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural; y el de Educación, Política Social y Deporte, para desarrollar actividades formativas dirigidas a los adultos. Curiosamente, la FAES de los populares fue la que salió mejor parada del reparto: se embolsó 3,86 millones de euros.
Esos 50,6 millones de euros fue la nada despreciable suma que se embolsaron el año pasado en concepto de subvenciones los partidos políticos, las fundaciones que dependen de ellos, los sindicatos y la patronal CEOE. Cortesía de las arcas públicas del Estado, administradas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según las cifras hechas públicas por el Gobierno y recopiladas por El Semanal Digital, en 2008 las formaciones políticas con representación en el Congreso recibieron del Ministerio del Interior subvenciones por valor de 20,5 millones de euros. Destinados tanto para atender a sus gastos de "funcionamiento ordinario" (19,5 millones) como para sufragar sus gastos de seguridad (otro millón).
Sumando las subvenciones recibidas por el PSOE y el PSC (que se contabilizan por separado), los socialistas lideran este ranking, con más de 9,5 millones de euros recibidos. No en vano son el partido con mayor representación parlamentaria. Les sigue a cierta distancia el Partido Popular lidera este ranking, con casi 8,6 millones.
Los sindicatos no van a la zaga de los partidos políticos. Ellos reciben del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y por partida doble. Por una parte, en proporción a su representatividad en la sociedad y en las empresas. Por este concepto los sindicatos más variopintos de España se llevaron el año pasado 15,8 millones de euros. De ellos, más de 12,4 millones fueron a parar a manos de Comisiones Obreras y UGT, los dos más poderosos y los que están actuando de retén para evitar una huelga general contra Zapatero.
Pero es que además los sindicatos reciben un dinero extra si forman parte de los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Por este segundo concepto se llevaron 4,6 millones de euros. Casi la mitad se quedó en la hucha de la CEOE, la gran patronal española y la única que recibe una subvención por este concepto (lo demás son sindicatos).
Las fundaciones que operan al amparo de los partidos políticos que están representados en las Cortes tampoco les salen precisamente baratas a los bolsillos de los españoles. Es el caso de la FAES de José María Aznar y del PP; la Fundación Sabino Arana del PNV; las fundaciones Jaime Vera, Rafael Campalans y Ramón Rubial-Españoles en el Mundo del PSOE; o la Josep Irla de ERC. Éstas y otras recibieron el año pasado del Gobierno 9,7 millones de euros en concepto de subvenciones.
Se las concedieron tres ministerios: el de Asuntos Exteriores y Cooperación, para que promovieran actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático; el de Cultura, para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural; y el de Educación, Política Social y Deporte, para desarrollar actividades formativas dirigidas a los adultos. Curiosamente, la FAES de los populares fue la que salió mejor parada del reparto: se embolsó 3,86 millones de euros.
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Fue una de las grandes obsesiones de José Luis Rodríguez Zapatero desde que llegó a La Moncloa, en buena parte motivada por su deseo de honrar la memoria de su abuelo Juan Rodríguez Lozano -como el mismo ha reconocido en varias ocasiones-, fusilado en 1936 por el bando nacional. La Ley de la Memoria Histórica le enfrentó con la oposición y con diversos sectores de la sociedad, y además le costó no pocos quebraderos de cabeza. Aun así no paró hasta que la vio entrar en vigor el 27 de diciembre de 2007.
Pero, ¿cuánto les ha costado ya a los españoles una de las leyes más polémicas del Gobierno socialista? Aunque no vio la luz hasta finales de 2007, el Ejecutivo lleva desde el año 2006 concediendo subvenciones a diversas entidades para lo que llama "actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo". Coincidiendo con la creación, por aquel entonces, de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de la víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Si las subvenciones a partidos y sindicatos no salen precisamente baratas, éstas tampoco. En tres años (entre 2006 y 2008), y según los datos del Ministerio de la Presidencia recabados por El Semanal Digital, Zapatero lleva gastados 10,2 millones de euros en financiar con el dinero de los españoles 304 de estos proyectos. Nada menos que 1.707 millones de las antiguas pesetas. Actuaciones que van desde la construcción de monumentos a la exhumación de fosas en toda España, pasando por la elaboración de documentales y exposiciones, la colocación de placas conmemorativas, la creación de censos de republicanos exiliados, la organización de jornadas y seminarios, los homenajes a combatientes del bando republicano, los viajes a Mauthausen con estudiantes...
Unas subvenciones concedidas a todo tipo de asociaciones y fundaciones de uno de los dos bandos: las de la recuperación de la Memoria Histórica en toda España, la de Ex Presos y Represaliados Políticos, la Manuel Azaña, la Domingo Malagón, la Pere Ardiaca, la Francisco Largo Caballero, la de Descendientes del Exilio Español, las de Memoria y Justicia, la 27 de Mayo, la Luis Bello...
Pero, ¿cuánto les ha costado ya a los españoles una de las leyes más polémicas del Gobierno socialista? Aunque no vio la luz hasta finales de 2007, el Ejecutivo lleva desde el año 2006 concediendo subvenciones a diversas entidades para lo que llama "actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo". Coincidiendo con la creación, por aquel entonces, de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de la víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Si las subvenciones a partidos y sindicatos no salen precisamente baratas, éstas tampoco. En tres años (entre 2006 y 2008), y según los datos del Ministerio de la Presidencia recabados por El Semanal Digital, Zapatero lleva gastados 10,2 millones de euros en financiar con el dinero de los españoles 304 de estos proyectos. Nada menos que 1.707 millones de las antiguas pesetas. Actuaciones que van desde la construcción de monumentos a la exhumación de fosas en toda España, pasando por la elaboración de documentales y exposiciones, la colocación de placas conmemorativas, la creación de censos de republicanos exiliados, la organización de jornadas y seminarios, los homenajes a combatientes del bando republicano, los viajes a Mauthausen con estudiantes...
Unas subvenciones concedidas a todo tipo de asociaciones y fundaciones de uno de los dos bandos: las de la recuperación de la Memoria Histórica en toda España, la de Ex Presos y Represaliados Políticos, la Manuel Azaña, la Domingo Malagón, la Pere Ardiaca, la Francisco Largo Caballero, la de Descendientes del Exilio Español, las de Memoria y Justicia, la 27 de Mayo, la Luis Bello...
Se da la circunstancia además de que esos 10,2 millones de euros han supuesto un amplio sobrecoste a las arcas públicas, puesto que no era la cantidad prevista inicialmente, sino cuatro millones más. En teoría, el Gobierno tenía presupuestado gastarse 6,5 millones de euros en estas subvenciones entre los tres años: dos millones en 2006; 1,2 en 2007; y 3,3 en 2008. Pero se le fue de las manos.
Por si esto no fuera suficiente, y a pesar de que la crisis está obligando a las familias españolas a apretarse el cinturón al máximo, Zapatero no está por la labor de menguar un ápice las subvenciones derivadas de su ley estrella. Todo lo contrario. El Ministerio de la Presidencia abrió a finales del pasado año el plazo para solicitar este tipo de ayudas para este 2009. El presupuesto del que parte es el más alto desde que se crearon estas subvenciones: 3,87 millones de euros. Y, teniendo en cuenta que todos los años se pasa, es probable que en esta ocasión le ocurra lo mismo. Aun así, si no lo hiciera, para cuando acabe este año los contribuyentes habrán pagado de su bolsillo más de 14,1 millones de euros, más de 2.351 millones de pesetas.
Por si esto no fuera suficiente, y a pesar de que la crisis está obligando a las familias españolas a apretarse el cinturón al máximo, Zapatero no está por la labor de menguar un ápice las subvenciones derivadas de su ley estrella. Todo lo contrario. El Ministerio de la Presidencia abrió a finales del pasado año el plazo para solicitar este tipo de ayudas para este 2009. El presupuesto del que parte es el más alto desde que se crearon estas subvenciones: 3,87 millones de euros. Y, teniendo en cuenta que todos los años se pasa, es probable que en esta ocasión le ocurra lo mismo. Aun así, si no lo hiciera, para cuando acabe este año los contribuyentes habrán pagado de su bolsillo más de 14,1 millones de euros, más de 2.351 millones de pesetas.
4º) EFECTO BOOMERANG Aguirre envía un regalito envenenado en forma de espionaje al PSOE ESD/EP La presidenta madrileña se ha defendido con uñas y dientes de las acusaciones y ha venido a decir que, lo de espiar, es algo con más tradición entre los socialistas que entre los populares. .jpg)
Aguirre ha devuelto la "pelota política" al PSOE y ahora la tienen en su tejado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dio la bienvenida al nuevo periodo de sesiones y al control parlamentario al que se sometió este jueves para debatir sobre al supuesta trama de espionaje a altos cargos madrileños, una circunstancia que le permitió recordar que el PSOE "tiene una larga historia de espionaje político".
En este sentido, la jefa del Ejecutivo madrileño explicó que "desde 1984 a 1995 funcionó un gabinete de espionaje por el que tuvo que dimitir quien lo creó como ministro de Defensa y luego dimitió como vicepresidente del Gobierno por haber espiado del Rey abajo a todo el mundo, no sólo a los de sus propio partido sino al Partido Comunista y a Alianza Popular".
La presidenta señaló también que el PP "tiene puesto un pleito que está en un juzgado de Madrid por espionaje político y escuchas a (los) teléfonos de Génova en 2003". "Si me dicen que esto es muy antiguo, el año pasado se espió a Manuel Pizarro. Hubo dos personas del CNI que fueron detenidos por los escoltas de Pizarro y eso también está en un juzgado", apostilló.
Así, reseñó que "por lo tanto, bienvenido sea el control de ese presunto espionaje político". "Que los jueces delimiten las responsabilidades penales si las hay y esta Asamblea las responsabilidades políticas, que para eso está", agregó.
Por ello, insistió en que este jueves se abre un nuevo periodo de sesiones que permitirá debatir sobre la supuesta trama. "Yo que siempre he sido una gran defensora del control parlamentario, vengo aquí a someterme al control de la oposición, que como es lógico en este caso versa sobre ese asunto en que una parte de la opinión publicada, que no la opinión pública, se ha distraído de cuestiones como la crisis económica, los 7.000 parados al día, la toma de posesión de Obama...", afirmó a las puertas del hemiciclo madrileño.
Nada que ocultar
Aguirre, que dijo que no tiene "nada que ocultar" sobre la supuesta red de espías, indicó que tiene ganas de "aclarar" el asunto.
Después de que la Asamblea haya acordado crear una comisión de investigación para intentar esclarecer lo que hay detrás de la supuesta trama de espionaje, comentó que en Andalucía el PSOE "de 59 comisiones de investigación que han pedido, han aceptado una cuando estaba en minoría".
"Una de las rechazadas es porque un juzgado de Sevilla probó que el Gobierno de Andalucía había ordenado espiar a los presidentes de las cajas de ahorros", concluyó, no sin antes advertir que el "espionaje político es algo intolerable"
En este sentido, la jefa del Ejecutivo madrileño explicó que "desde 1984 a 1995 funcionó un gabinete de espionaje por el que tuvo que dimitir quien lo creó como ministro de Defensa y luego dimitió como vicepresidente del Gobierno por haber espiado del Rey abajo a todo el mundo, no sólo a los de sus propio partido sino al Partido Comunista y a Alianza Popular".
La presidenta señaló también que el PP "tiene puesto un pleito que está en un juzgado de Madrid por espionaje político y escuchas a (los) teléfonos de Génova en 2003". "Si me dicen que esto es muy antiguo, el año pasado se espió a Manuel Pizarro. Hubo dos personas del CNI que fueron detenidos por los escoltas de Pizarro y eso también está en un juzgado", apostilló.
Así, reseñó que "por lo tanto, bienvenido sea el control de ese presunto espionaje político". "Que los jueces delimiten las responsabilidades penales si las hay y esta Asamblea las responsabilidades políticas, que para eso está", agregó.
Por ello, insistió en que este jueves se abre un nuevo periodo de sesiones que permitirá debatir sobre la supuesta trama. "Yo que siempre he sido una gran defensora del control parlamentario, vengo aquí a someterme al control de la oposición, que como es lógico en este caso versa sobre ese asunto en que una parte de la opinión publicada, que no la opinión pública, se ha distraído de cuestiones como la crisis económica, los 7.000 parados al día, la toma de posesión de Obama...", afirmó a las puertas del hemiciclo madrileño.
Nada que ocultar
Aguirre, que dijo que no tiene "nada que ocultar" sobre la supuesta red de espías, indicó que tiene ganas de "aclarar" el asunto.
Después de que la Asamblea haya acordado crear una comisión de investigación para intentar esclarecer lo que hay detrás de la supuesta trama de espionaje, comentó que en Andalucía el PSOE "de 59 comisiones de investigación que han pedido, han aceptado una cuando estaba en minoría".
"Una de las rechazadas es porque un juzgado de Sevilla probó que el Gobierno de Andalucía había ordenado espiar a los presidentes de las cajas de ahorros", concluyó, no sin antes advertir que el "espionaje político es algo intolerable"
5º) ¿CRÉDITOS IRRESPONSABLES? Botín responde rotundo a las polémicas declaraciones de Sebastián ESD/EP Todavía siguen coleando las palabras del ministro de Industria en las que aseguraba que al Gobierno se le estaba acabando la paciencia con los bancos por no "abrir la mano" con los créditos. .jpg)
Botín cree que "vamos hacia un entorno bancario más concentrado y con mayor presencia en el sector público".
El presidente del grupo Santander, Emilio Botín, aseguró este jueves que la banca no ha cerrado el grifo crediticio sino que ha caído la demanda de préstamos por el contexto de crisis, y añadió que las entidades harían un "flaco favor" a la economía española si concedieran créditos de forma irresponsable.
Botín señaló, durante la rueda de prensa de presentación de resultados del banco correspondientes al ejercicio 2008, que es "imposible que el crédito aumente" como consecuencia del contexto de crisis económica y las negativas expectativas, que llevan a una reducción de la demanda de financiación por parte de los hogares. A su juicio, la moderación del crédito es inevitable.
El máximo ejecutivo del Santander indicó que la demanda de créditos de particulares registrada por la entidad cayó un 21% en 2008, y apuntó que en el caso de las hipotecas el descenso es del 27%. Asimismo, Botín destacó que la entidad autoriza el 70% de todas las solicitudes de créditos que recibe el banco.
Respecto a la ampliación de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Botín considera que es una decisión acertada para ajustarlas a la realidad del mercado español, asegurando su completa utilización.
Botín indicó que es poco probable que la economía se recupere antes de finales de 2009 y destacó que el Ejecutivo español está proporcionando liquidez al sistema ante una situación excepcional, medidas que "no van a costar un euro a los contribuyentes" porque no son subvenciones.
Asimismo, Botín se sumó a las opiniones de numerosos expertos que apuntan a una concentración en el sistema financiero. "Vamos hacia un entorno bancario más concentrado y con mayor presencia en el sector público", sentenció.
Por otro lado, el presidente del Santander abogó por no dar pasos atrás en la libre competencia, por lo que se mostró preocupado por las inyecciones de capital llevadas a cabo por algunos países europeos en entidades privadas
Botín señaló, durante la rueda de prensa de presentación de resultados del banco correspondientes al ejercicio 2008, que es "imposible que el crédito aumente" como consecuencia del contexto de crisis económica y las negativas expectativas, que llevan a una reducción de la demanda de financiación por parte de los hogares. A su juicio, la moderación del crédito es inevitable.
El máximo ejecutivo del Santander indicó que la demanda de créditos de particulares registrada por la entidad cayó un 21% en 2008, y apuntó que en el caso de las hipotecas el descenso es del 27%. Asimismo, Botín destacó que la entidad autoriza el 70% de todas las solicitudes de créditos que recibe el banco.
Respecto a la ampliación de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Botín considera que es una decisión acertada para ajustarlas a la realidad del mercado español, asegurando su completa utilización.
Botín indicó que es poco probable que la economía se recupere antes de finales de 2009 y destacó que el Ejecutivo español está proporcionando liquidez al sistema ante una situación excepcional, medidas que "no van a costar un euro a los contribuyentes" porque no son subvenciones.
Asimismo, Botín se sumó a las opiniones de numerosos expertos que apuntan a una concentración en el sistema financiero. "Vamos hacia un entorno bancario más concentrado y con mayor presencia en el sector público", sentenció.
Por otro lado, el presidente del Santander abogó por no dar pasos atrás en la libre competencia, por lo que se mostró preocupado por las inyecciones de capital llevadas a cabo por algunos países europeos en entidades privadas
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